Por: Andi Uriel Hernández Sánchez

Con motivo de su sexto informe de gobierno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se victimizó al considerarse “el presidente más insultado en los últimos 100 años”. Dicha afirmación es cuestionable, pues AMLO no refirió datos concretos que lo probaran, sin embargo, le sirvió para asegurar que, a pesar de ello, su gobierno ha sido tolerante con todos los críticos del régimen morenista, lo que evidentemente es falso.

El presidente López Obrador muestra una completa intolerancia a toda crítica o señalamiento, desde su mañanera, cual moderno inquisidor, se encarga de fustigar, agredir y denostar a todos los que no estén de acuerdo con su gobierno, lo mismo periodistas, líderes partidistas, organizaciones sociales, etc., son calumniados, acusados sin pruebas de graves delitos, solo por disentir de la opinión presidencial y del programa de gobierno de la 4T.

En redes sociales, todo un ejercito de bots se encarga de realizar un verdadero linchamiento a base de insultos y amenazas a todo aquel que comete la “grave transgresión” de cuestionar al presidente. No se inventa nada, basta ver las mañaneras, leer la prensa, entrar a las redes sociales, para comprobar que esto es cierto.

Recientemente el presidente López Obrador se atrevió a decir que hará un cobro en dinero a sus críticos, para que éstos entreguen parte de sus ganancias para financiar “causas benéficas”, sin decir cuáles y dónde. “¿Cuánto les dan por atacarme? Ganan por eso. Entonces deberían cooperar con algo… que sigan atacando, pero de lo que les pagan, porque es prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo… y ya con eso mantienen su permiso para atacarme”, amenazó AMLO. Un verdadero absurdo por donde se le vea, pero que retrata fielmente su carácter autoritario y represivo.

Pero la intolerancia presidencial no se queda solo en palabras, más bien, desde el inicio de la administración se han llevado a cabo reformas constitucionales para legalizar la persecución y la represión contra las fuerzas opositoras al régimen de la 4T.

Primero, con la ampliación de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, incluyendo el vago concepto de corrupción, lo que quiere decir que los mexicanos pueden ir a la cárcel mucho antes de que se haya probado su culpabilidad en algún crimen; también se aprobó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con lo cual el Ministerio Público quedó autorizado para retener, embargar, incluso rematar, los bienes de los ciudadanos cuando se sospeche que éstos fueron usados para la comisión de algún delito, sin necesidad de juicio previo. Esto quiere decir que un ciudadano puede perder sus bienes y ser encarcelado por la mera sospecha de ser delincuente, un verdadero atropello a la presunción de inocencia y al principio de legalidad.

Por si faltaba más, recientemente la Secretaría de la Función Pública por decreto estatuyó a los llamados alertadores ciudadanos contra la corrupción, con lo que se autoriza a cualquier funcionario público, a cualquier mexicano, para acusar sin pruebas de corrupto(a) a quien se le pegue la gana; un sistema parecido al que usara la Santa Inquisición durante la Colonia para dar cacería a los herejes y que hizo que se cometieran verdadera injusticias, pues cualquiera podía denunciar de hereje a un ciudadano para quedarse con sus bienes, para vengarse de un agravio o para abrirse campo en alguna actividad donde le hiciera competencia el denunciado, el infortunado iba a los tribunales del Santo Oficio a ser condenado, sin esperanzas de ser absuelto, totalmente indefenso al no saber por qué se le acusaba y quién lo denunciaba. Esto es lo mismo que acaba de hacer la SFP.

Pues bien, como decía antes, estos mecanismos van encaminados a meter temor a los críticos del gobierno y a las fuerzas opositoras, pues fácilmente pueden ser acusados de corrupción, por quién sea, para que vean perdidos sus bienes y su libertad.

En la realidad no hay tal combate a la corrupción, varios funcionarios del gabinete presidencial que se han enriquecido inexplicablemente, en sus anteriores cargos en el servicio público o en este gobierno, son tolerados y consentidos por López Obrador: Manuel Barlett, Olga Sánchez Cordero, Elba Esther Gordillo, Napoleón Urrutia y un largo etcétera; el combate a la corrupción ha sido usado, desde el inicio del sexenio, de pretexto, en el medio para perseguir a los opositores, en instrumento de venganza y de intimidación.

Hemos visto como la Unidad de Inteligencia Financiera, que dirige un expriista, Santiago Nieto, se ha encargado de investigar a conveniencia a todos los que el presidente López Obrador considera sus adversarios y que éste se ha empeñado en presentar como corruptos neoliberales y conservadores.

Un claro ejemplo de esto último, han sido las reiteradas veces en que se han revivido los refritos y las acusaciones contra el Movimiento Antorchista Nacional, cada vez que esta organización se atreve a criticar los errores del gobierno o, como ocurrió recientemente, a protestar por la falta de apoyo efectivo a las familias sin ingresos económicos por la falta de empleo en medio de la pandemia de covid-19.

Una y otra vez se amenaza con iniciar investigaciones en contra de los negocios lícitos del Movimiento o de los líderes del mismo, bajo cualquier ocurrencia del poder, sin que nunca se informe de los resultados de estas “investigaciones”, pues claramente no hay nada ílicito en la actividad de la Organización, se trata de un mero linchamiento mediático que busca reprimir el derecho de los mexicanos a organizarse y a manifestarse para exigir mejores condiciones de vida.

Así que no, los gobiernos morenistas, tanto a nivel federal como los estatales, no se caracterizan por su tolerancia ni por su respeto a la libertad de expresión.

Quizá López Obrador no sea el presidente más insultado de la historia, pero sí el presidente que más descaradamente se ha dedicado a insultar y reprimir al pueblo de México, sobre todo a los que no están de acuerdo con su programa de gobierno. Sin embargo, no queda de otra, es necesario seguir denunciando los errores de este gobierno, desenmascarando sus mentiras y llevando el mensaje al pueblo trabajador, que es el que más busca engañar y manipular el presidente, de que este no es un régimen al servicio de los necesitados, que se trata de más de lo mismo, con la única diferencia de que se dice del lado de los pobres. Un verdadero lobo disfrazado de cordero. Llegado el momento habrá que sacarlo entre todos del poder.