Castillo de Teayo, Veracruz | El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ha emitido una sentencia histórica en favor de la Síndico del municipio de Castillo de Teayo, Nallely Miroslava Gallardo Martínez, tras resolver un juicio en contra del presidente municipal Esteban Ávila Hernández y la tesorera Rocío del Carmen Díaz Vázquez. La decisión, derivada de un caso de Violencia Política con perspectiva de género, garantiza la protección de los derechos político-electorales de la Síndico.

La sentencia, emitida el 29 de noviembre, establece que el presidente municipal y la tesorera de Castillo de Teayo fueron inscritos en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política. Esta medida se toma como parte de las acciones para cumplir con la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En el expediente SX-JDC28612023, la Sala Regional determinó, después de un análisis contextual e integral de los hechos con perspectiva de género, la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género cometida por el alcalde Esteban Ávila Hernández y la tesorera Rocío del Carmen Díaz Vázquez.

La Síndico Nallely Miroslava Gallardo Martínez, quien había sido objeto de diversas acciones discriminatorias por parte del presidente municipal, celebró la decisión del TEV como una victoria en la protección de sus derechos políticos y electorales.

El presidente municipal, Esteban Ávila Hernández, había tomado medidas como retirar comisiones, dar de baja en la nómina del Ayuntamiento e incluso enviar documentación al Congreso del Estado sin la firma de la Síndico, todo en represalia por no someterse a sus decisiones.

Aunque en una primera instancia el TEV resolvió a favor del alcalde, la Sala Regional del TEPJF ordenó reponer el proceso, concluyendo que sí hubo violación a los derechos político-electorales de la Síndico.

La sanción impuesta por el TEV establece que el presidente municipal y la tesorera deberán permanecer en el Registro Local y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las mujeres en razón de género por un plazo de dos años.

Además, como medida de No Repetición de estas Conductas, el Tribunal ordenó vincular al Instituto Veracruzano de las Mujeres para que instaure medidas políticas destinadas a concientizar al personal del ayuntamiento sobre la importancia del papel de las mujeres en la función pública y erradicar la violencia política de género.

Se estableció también la implementación de un programa integral de capacitación y sensibilización para el presidente municipal y la tesorera municipal, con el objetivo de erradicar conductas discriminatorias en el ámbito político y promover la igualdad de género en el ejercicio público.