Tantoyuca, Veracruz | Más de veinte familias de escasos recursos de la comunidad Corralillo Galera alzaron la voz este martes, denunciando públicamente un presunto fraude por más de 117 mil pesos, presuntamente orquestado bajo la sombra del programa federal Sembrando Vida, y que podría estar encubierto por sus propios operadores.

Los afectados, integrantes del grupo “Vida Nueva”, acudieron a la Fiscalía Regional de Justicia para interponer una denuncia penal contra Vicensia “N”, quien fungía como administradora de una caja de ahorro comunitaria, supuestamente organizada como una medida interna del programa. Señalan que desde diciembre de 2024 debió haberse entregado el recurso acumulado, pero hasta la fecha no han recibido ni el dinero ni explicación alguna.

Lo que inició como un ejercicio de “fortalecimiento comunitario” se convirtió en una obligación. De acuerdo con los testimonios, los coordinadores del programa exigieron a cada beneficiario 500 pesos mensuales de su apoyo económico como parte del supuesto fondo. “Nos decían que si no cooperábamos, habría consecuencias. No era opcional”, lamentaron.

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Más allá de la desaparición del dinero, los denunciantes apuntan a una presunta complicidad institucional, señalando directamente a Mario Alberto Villalobos, coordinador territorial, y Eusebio Alejandro Flores, coordinador del grupo, quienes —afirman— han guardado silencio pese a estar informados desde el primer momento. “Creemos que ellos saben más de lo que dicen. El dinero pudo haberse perdido con su conocimiento. Si es así, esto ya es una red de corrupción”, denunciaron.

La indignación creció cuando Villalobos acudió brevemente a la fiscalía, pero huyó al notar la presencia de medios de comunicación, negándose a responder preguntas de los afectados y reporteros presentes.

Organizaciones civiles y ciudadanos de otras comunidades han comenzado a solidarizarse con las víctimas, considerando el caso como un ejemplo más del abandono institucional y de cómo los programas sociales, en lugar de ser un alivio, pueden convertirse en mecanismos de abuso cuando no hay vigilancia.

Las familias exigen una investigación profunda y transparente, que no se limite a responsabilizar a una sola persona, sino que alcance a todos los implicados por acción u omisión. “Ya no se trata solo del dinero, sino de la dignidad y de la confianza traicionada en un programa que se suponía venía a mejorar nuestras vidas”, concluyeron.

La Fiscalía Regional ya tiene abierta la carpeta de investigación correspondiente.